Corea del Sur está al borde de una crisis institucional sin precedentes cuando el ex presidente suspendido Yoon Suk Yeol es acusado de sedición y abuso de poder y se emite una orden de arresto. Desde su residencia fortificada en Seúl, Yoon permanece protegido por su equipo de seguridad presidencial y cientos de seguidores mientras aumentan las tensiones políticas y sociales en todo el país.
En diciembre pasado, Yoon declaró brevemente la ley marcial, lo que provocó una ola de indignación pública y marcó el comienzo de su caída política. La Asamblea Nacional votó a favor de destituirlo después de que incluso miembros de su propio partido gobernante lo abandonaran. El Tribunal Constitucional de Corea del Sur tiene ahora la tarea de decidir si confirma el despido o lo reincorpora.
«Lucharé hasta el final», afirmó Yoon en un mensaje transmitido por su abogado, insistiendo en que la declaración de la ley marcial estaba justificada y que los intentos de detención fueron «ilegales e inválidos».
Citando preocupaciones de seguridad, Yoon ha indicado que no planea asistir a la primera audiencia formal de su juicio político, prevista para el martes. Esta decisión provocó críticas tanto de sus oponentes políticos como de los investigadores que pretendían ejecutar la orden de arresto dictada en su contra.
El conflicto por su residencia confirmada
Desde que se suspendió su presidencia, Yoon se ha refugiado en su residencia de Seúl, donde su Equipo de Seguridad Presidencial (PSS) ha reforzado las medidas de seguridad con alambres de púas, vehículos bloqueando las entradas y un «muro humano» de personal de seguridad y simpatizantes.
El intento de arresto más reciente ocurrió a principios de enero, cuando investigadores anticorrupción intentaron ingresar a la residencia, lo que resultó en un enfrentamiento de horas entre las fuerzas de seguridad y los agentes encargados de ejecutar la orden de arresto. La operación fue cancelada por temor a la seguridad de los involucrados, pero la orden de arresto sigue vigente y se espera otro intento en los próximos días.
«Es prácticamente imposible ejecutar una orden judicial en la residencia de Yoon mientras el equipo de seguridad continúa protegiéndolo», dijo la Oficina de Investigación de la Corrupción (CIO).
El CIO solicitó la cooperación del Departamento de Defensa y del Equipo de Seguridad Presidencial para garantizar que los soldados estacionados en la residencia no obstaculicen los esfuerzos para arrestar a Yoon. También advirtió que cualquier intromisión podría dar lugar a sanciones penales.
Las acusaciones contra Yoon y las investigaciones en curso
Yoon se enfrenta a varias investigaciones penales, incluida una por sedición, que podría acarrear cadena perpetua o incluso la pena de muerte en Corea del Sur. Aunque suspendido de su cargo, Yoon conserva inmunidad presidencial frente a la mayoría de los cargos, excepto aquellos relacionados con traición o insurrección.
Además de los cargos contra Yoon, la investigación también incluyó a figuras clave involucradas en la declaración de la ley marcial, incluidos comandantes militares y el ministro de Defensa. Sin embargo, Yoon se negó a cooperar con las citaciones emitidas por los fiscales, aumentando el conflicto entre las autoridades y su equipo de defensa.
El papel decisivo del Tribunal Constitucional
El futuro político de Yoon depende ahora del Tribunal Constitucional, que debe decidir si confirma el voto de destitución de la Asamblea Nacional o restituye al ex presidente. El tribunal programó cinco audiencias orales, que se extenderán hasta el 4 de febrero. Si Yoon no se presenta a la primera audiencia prevista para el martes, el proceso continuará sin él presente.
El tribunal tiene hasta 180 días para emitir un fallo, pero ha prometido dar prioridad al caso por su importancia para la estabilidad política del país. Sin embargo, el proceso enfrenta un obstáculo adicional: el tribunal de nueve miembros tiene actualmente sólo ocho jueces debido a las vacantes, lo que puede dificultar la toma de decisiones. Según la Constitución de Corea del Sur, al menos seis jueces deben aprobar una absolución para que sea válida.
Si el tribunal confirma el impeachment, Yoon se convertirá en el presidente con menos tiempo en el cargo en la historia democrática de Corea del Sur, y el país deberá celebrar elecciones presidenciales en un plazo de 60 días.
Protestas y divisiones en la sociedad coreana
El caso de Yoon trastornó a la sociedad surcoreana, y manifestantes tanto a favor como en contra del expresidente salieron a las calles a pesar de las bajas temperaturas invernales. Sus partidarios, principalmente conservadores, han construido una valla alrededor de su residencia, mientras que sus oponentes exigen su arresto inmediato y su juicio político por abusos de poder durante su mandato.
La tensión también se intensificó en el ámbito político. El derrocamiento de Yoon provocó la salida del primer ministro Han Duck-soo, quien también fue destituido de su cargo por el parlamento. Actualmente, el ministro de Finanzas, Choi Sang-mok, ejerce como presidente ejecutivo, mientras el país espera la decisión del Tribunal Constitucional.
Un futuro incierto para Yoon y la estabilidad de Corea del Sur
La crisis política de Corea del Sur no sólo puso en riesgo el futuro de Yoon Suk Yeol, sino también la estabilidad institucional del país. Si bien el proceso de impeachment y la investigación penal avanzan, el resultado sigue siendo incierto y están en juego muchos factores legales, políticos y sociales.
El caso de Yoon pone de relieve las complejidades de tratar con líderes en funciones acusados de delitos graves y las tensiones inherentes a un sistema democrático que busca equilibrar la justicia con la estabilidad política. Mientras el Tribunal Constitucional se prepara para deliberar, Corea del Sur enfrenta la perspectiva de un cambio importante en su liderazgo y un nuevo capítulo en su historia democrática.